Cambios en el funcionamiento del Poder Popular

Con mucho interés he leído la opinión del lector P. Cruz Vento, publicada el viernes 9 de julio de 2010, que trata sobre el funcionamiento de las Asambleas del Poder Popular y los Consejos de Administración, en las instancias en que están constituidos.

Coincido plenamente con el remitente en que es impostergable separar de los llamados Gobierno Municipal y Gobierno Provincial las funciones administrativas actuales; claro está, alguna institución estatal deberá absorberlas. Considero que para ello en este proceso de institucionalización que se lleva adelante por la dirección de la Revolución, se debe crear una organización administrativa que dé respuesta a las apremiantes necesidades de las comunidades en todo el país y que absorba las funciones administrativas de los Consejos de Administración Provincial y Municipal del Poder Popular.

Esa nueva entidad debería ocuparse de la recogida de basura y escombros y otros servicios comunales, reparación y mantenimiento de calles y aceras, atención de cementerios y servicios funerarios, sólo para citar algunos ejemplos. Asumir además las funciones administrativas que actualmente realizan el Ministerio de Salud Pública, la ONAT y los Comités de Defensa de la Revolución, y que atañen a la comunidad, como son: los registros de direcciones, los listados de electores, el cobro de multas administrativas e impuestos y las brigadas de lucha contra vectores y roedores, entre otras. Lógicamente, para ello será necesario crear una “Institución Estatal Nacional de Administración Pública” que dirija y oriente metodológicamente a estas organizaciones comunitarias, tal como lo hacen los demás organismos de la administración central del estado.

Cuando hablo de los servicios a la comunidad no me refiero a la gastronomía, al pan y al dulce, a las bodegas, etc., pues lógicamente la Administración Pública no tiene por qué ocuparse de la actividad de esas producciones y servicios. Tampoco hablo de las llamadas industrias locales. Todas las actividades productivas y los servicios deben estar subordinados a los organismos ramales, que por supuesto deben crear la estructura local correspondiente.

¿Pero acaso un jefe de Gobierno en una localidad debe ser quien dirija la administración de cafeterías, restaurantes, la reparación de equipos electrodomésticos, las barberías, las bodegas, las dulcerías, la repartición de las viviendas, etc.? Todo eso por supuesto, debe desaparecer de la responsabilidad de los órganos de gobiernos municipales y provinciales.

De ese modo las Asambleas Municipales, las Asambleas Provinciales, y la propia Asamblea Nacional del Poder Popular, podrán dedicase por entero a sus funciones de Gobierno sin responsabilidades administrativas en la solución de los problemas cotidianos de la comunidad, ni tendrían bajo su jurisdicción responsabilidad de índole empresarial, de ninguna naturaleza. Dejarán de ser parte y podrían convertirse, como Gobierno, en verdaderos defensores de los intereses del pueblo y de las conquistas de la Revolución. Entonces el Partido no tendrá, como lo hace ahora, que meterse y ejercer constantemente las funciones de Gobierno, para llenar el vacío que dejan éstos en el ámbito local y nacional. Considero además que ello haría más ético y profesional el trabajo del Gobierno, de los delegados, de los diputados y del Partido.

Por otra parte pienso que los delegados de la comunidad, una vez elegidos, deberán ser profesionales y cobrar un adecuado salario que le pague el Gobierno a su nivel, para que ésta vital función del país sea más atractiva y más respetada, y a ella aspiren personas bien preparadas técnica y políticamente. Desde luego, habría que reducir el número de delegados y éstos se elijan al nivel de Consejos Populares, en vez de circunscripción, como es actualmente. Quizás el número aconsejable sea entre uno y tres delegados por Consejo Popular, según el número de habitantes y la complejidad del territorio.

En la comunidad ser propuesto o elegido como precandidato a delegado; no constituye un motivo de alegría para muchos de éstos sino más bien una gran preocupación, pues tendrá que agenciárselas para cumplir con tan importante tarea; además de sus obligaciones como trabajador, estudiante, militar etc. Formalmente el sistema actual parece muy bueno, pero en la práctica se ha visto que cada vez más la gente elude esa responsabilidad; entre otras razones, porque el Delegado generalmente lo que hace es una función de “correa de transmisión” entre los electores y las entidades administrativas y el Gobierno en el Municipio, sin autoridad ni facultad propia. Generalmente la alegría no es cuando te eligen, sino cuando cesas en tus funciones como delegado, para lo cual éstos recurren a diversas artimañas, incluso la de mudarse de dónde han sido reelectos. Tampoco creo que debe ser representante del pueblo quien en la práctica no tenga tiempo, voluntad y aptitud para cumplir el mandato.

Ramón Pérez Cabrera
Avenida 33 No 3011 e 30 y 34
Municipio Playa, Ciudad de la Habana.

Ciudad de La Habana, 11 de julio de 2010